Mónica Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Koinomadelfia, y Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga, comparten su impresión respecto a las formas de avanzar en la incidencia desde las organizaciones de la sociedad civil.
A la luz de lo expuesto en el Acuerdo Nacional por la Infancia, un 68% de los encuestados cree el que Estado valora el aporte que sus organizaciones realizan en temas de interés público.
En la cita se planteó la necesidad de contar con información actualizada, interoperable y accesible en torno a estas instituciones, con miras a fortalecer la vinculación público-privada.
Junto a abogados expertos en derecho tributario, académicos e integrantes de la sociedad civil, Ignacio Irarrázaval fue parte del equipo tras el documento “Propuestas para modernizar los incentivos a las donaciones con fines sociales”.
El Mercurio presentó los resultados del documento del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (Cefis) de la UAI, donde se destacan los datos del estudio de Sociedad en Acción en torno a las fuentes de financiamiento de las OSC en Chile y su comparación en el contexto internacional.
Este miércoles 30 de mayo se presentó el documento con 94 iniciativas concretas para proteger la infancia en Chile. El director del proyecto Sociedad en Acción, Ignacio Irarrázaval, fue parte de los 31 integrantes de esta mesa de trabajo.
Esta iniciativa del proyecto Sociedad en Acción busca visibilizar la opinión del sector de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) frente a temas de alta relevancia pública.
Más de cien asistentes fueron parte de esta actividad organizada por la División de Organizaciones Sociales del MSGG, donde Ignacio Irarrázaval -director del proyecto Sociedad en Acción- expuso sobre los aportes y desafíos de las organizaciones de la sociedad civil.
En la sección Opinión de La Tercera online, el director del Centro de Políticas Públicas UC y director del proyecto Sociedad en Acción, escribe sobre los avances que deben realizarse para impulsar una relación más articulada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.