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“El Estado debe entender que la sociedad civil es parte de la solución, no parte del problema”

15 de mayo, 2019

Sociedad en Acción conversó con José Pedro Silva, abogado y Presidente de la Fundación Ciudad del Niño, quien habló sobre el rol que las organizaciones de la sociedad civil y hacia dónde avanzar para construir una relación más efectiva con el Estado. |

Desde hace 85 años la Fundación Ciudad del Niño ha estado involucrada trabajando y colaborando con el Estado para restituir y proteger los derechos de la niñez en situación de vulnerabilidad en Chile. Hoy la institución atiende a más de 20 mil niños, niñas y adolescentes junto a sus familias a lo largo de diez regiones de Chile, ejecutando principalmente programas ambulatorios.

En este contexto, su Presidente José Pedro Silva comparte con Sociedad en Acción su mirada respecto a la contribución que el sector realiza a diversos temas de interés público. Además, habla respecto a las problemáticas que estas instituciones deben abordar en torno a los requisitos y restricciones de las transferencias de subvenciones que reciben desde el Estado y las acciones que como sector deben impulsarse para lograr un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Desde su rol en Fundación Ciudad del Niño, ¿cómo observa hoy la relación que estos organismos que trabajan en temas de interés público tienen con el Estado?

Desde los orígenes –para nuestra fundación hace ya 85 años–, Chile cuenta con una sociedad civil completamente dispuesta a enfrentar el desafío de colaborar en diversos temas de interés público como los relacionados con la niñez, en asociatividad con el Estado. Esto es importante porque ha marcado, por lo menos en el sector infancia, una historia exitosa de contribución público-privada. Y así, en la actualidad en la problemática de la niñez vulnerada, prácticamente el 97% de las prestaciones las hace la sociedad civil; el Estado aporta con subvenciones, administra y regula la oferta y demanda de servicios en este ámbito, pero en caso alguno tiene la capacidad de asumir por sí solo esta función, siendo indispensable la contribución de la sociedad civil.

¿Cuál es su diagnóstico respecto a la valoración y rol de las organizaciones de la sociedad civil?

Algunos políticos, especialmente parlamentarios, reflejan en su discurso la existencia de un sesgo ideológico hacia ellas, que se manifiesta en una permanente desconfianza y ambiente de sospecha hacia la labor que realizan. Y esa mirada está basada en una profunda desinformación, porque si haces un levantamiento documentado –como lo realizó el proyecto Sociedad en Acción– de la contribución de la sociedad civil en estas temáticas, es difícilmente comprensible esa actitud refractaria. Es importante entender que el Estado no puede enfrentar solo estas problemáticas y que además existe la disposición, capacidad y entusiasmo de la sociedad civil para abordar esta grave realidad social. Y la capacidad de este sector supera largamente a la del Estado en materia de innovación, de flexibilidad, de abrirse al conocimiento, de conocer los territorios y a sus beneficiarios, temas que el Estado no puede abordar por su tamaño y funcionamiento burocrático.

El Estado es una forma de organizar las relaciones entre los individuos, pero no se agota con él. Que se pretenda marginar o reducir el rol de la sociedad civil es de una miopía extraordinaria, porque es no entender el aporte insustituible que hace a la construcción de una sociedad democrática y solidaria.

Y en este contexto, ¿qué dificultades ha experimentado la Fundación en base a esta relación?

En esta relación se han dado una serie de ineficiencias que han llevado, por ejemplo, a situaciones de retrasos permanentes y gravísimos en el pago de las subvenciones que el Estado realiza a estas instituciones. Este atraso se produce por diferentes factores, básicamente de índole burocrático.

Otra de las rigideces experimentadas en el tema de las transferencias guarda relación con una mirada disociada de la realidad económica de estas instituciones. Progresivamente se han ido aumentando las exigencias técnicas a niveles muy altos y requisitos que muchas organizaciones no pueden cumplir. Sin embargo, los montos de las subvenciones se mantienen iguales. Se elevan los estándares sin ningún correlato con la cuantía de la subvención por niño. Además, hay exigencias absurdas. Para adjudicarse un programa te piden certificación de los recintos, pero uno no sabe si se va a ganar o no la licitación. Por lo tanto, las instituciones no pueden arrendar un recinto sin saber si se van a adjudicar el programa o no. En el fondo es una mirada desde un escritorio, sin pie en la realidad.

Por último, existe una mirada muy formalista en materia de fiscalizaciones. En el caso de aquellas que realiza el Sename a instituciones ligadas a la niñez es una absolutamente formal y no cualitativa, es decir, se pone más énfasis en la forma, si se cumplieron los protocolos, si se completaron los formularios o los gastos de movilización. Pero nadie pregunta ni está puesto el énfasis en la calidad y resultado de la gestión y si se ha logrado, por ejemplo, brindar adecuada protección a los niños o evitar que sigan siendo vulnerados en sus derechos.

¿Y qué mecanismos o acciones cree se requieren para avanzar hacia una relación con el Estado más horizontal y efectiva?

Desde luego una mayor transparencia desde las OSC ayudaría a bajar las barreras de la desconfianza. En esta relación, por ejemplo, las instituciones debieran tener toda la información disponible en plataformas públicas y transparentes, eso debiese ser una obligación para de ambas partes de esta relación público-privada. Además, esto supone y requiere de un cambio cultural. En infancia el rol de las organizaciones no es sólo la filantropía, sino que debe responder a criterios profesionales. La eficacia del quehacer de estas instituciones debe estar centrada en la calidad técnica y profesional. No basta la mera disposición, creemos que debiera avanzarse en la certificación de estos organismos sobre la base de criterios objetivos, debiendo cumplir de manera continua con ciertos estándares de calidad profesional y técnica.

En este sentido, ¿cómo evalúas las propuestas que el proyecto Sociedad en Acción realiza en su documento “Un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil”, especialmente aquellas que apuntan a subsanar las rigideces y restricciones en las transferencias de recursos?

El diagnóstico que ustedes han hecho y la línea de trabajo hacia una Ley Única de Transferencia me parece una muy buena iniciativa, lo que se complementa además con la necesidad de avanzar hacia una mayor confianza y fe pública de este tipo de organizaciones. Que la lógica sobre la cual se construya este sistema de transferencias esté basada en una relación de buena fe, no en la desconfianza. Entender que la sociedad civil es un sector que quiere contribuir en temas públicos y esto debe sustentarse en acciones concretas. La contribución de la sociedad civil puede ser inmensa, por lo que el Estado debe entender que la sociedad civil es parte de la solución, no parte del problema. Sin nosotros, el Estado no puede enfrentar una realidad que lo supera ampliamente.

¿Y cuál crees debe ser el rol del sector de la sociedad civil para empujar estas propuestas?

Yo lo veo fundamental, ya que el Estado es poco flexible y más lento en la toma de decisiones. El nuevo trato para las OSC pasa por una organización de las instituciones para interpelar en este sentido al Estado y mantener una vocería abierta y sistemática, atenta y propositiva respecto a estos temas, basada en su experiencia de muchos años y en la calidad profesional y técnica de sus colaboradores.

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